Ingrid Betancourt y el derecho a la reparación

Con sorpresa he seguido el caso de Ingrid Betancourt y su decisión de demandar una indemnización económica por el tiempo que estuvo en cautiverio en las selvas de Colombia. Es ampliamente conocida la situación en la que se encontró y tuvo que sobrevivir por seis años y medio luego de ser secuestrada por un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  Lo que me sorprende no es que Betancourt haya solicitado dicha indemnización, sino la oleada de críticas que le han llovido por atreverse a desafiar a un Estado que se ha olvidado de su obligación constitucional e internacional de promover, proteger y defender los derechos humanos de ciertos ciudadanos y ciudadanas. 

Lamento, en lo personal, que Ingrid Betancourt haya finalmente optado por retirar esa demanda. Creo que era una oportunidad importante para sentar precedente sobre las obligaciones del Estado de cara a quienes son privados de libertad por fuerzas irregulares.  Y es que en el caso de Ingrid Betancourt y otros secuestrados por las FARC, el gobierno de Colombia tiene un alto grado de responsabilidad: tuvo la oportunidad de liberarla  a través de procesos de intercambio humanitario y se negó a hacerlo. Yo no voy a juzgar si las razones esgrimidas por el Gobierno Colombiano en su momento fueron válidas o no, pero el argumento es ese: tuvó oportunidades que dejó pasar.  Pero aún si no las hubiera tenido, su obligación constitucional e internacional era y sigue siendo el de garantizar la integridad física de quienes han sido privados de libertad por fuerzas irregulares. El Estado nunca puede eximirse de proteger los derechos humanos de ninguno de sus ciudadanos, bajo ninguna circunstancia.

Betancourt en esencia estaba haciendo uso del Derecho a la Reparación, contenido en la legislación internacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.  El derecho a la reparación para las víctimas de violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario ha sido objeto de sistematización por un período de más de 15 años, y ha culminado con la adopción de los principios y directrices básicos sobre el derecho de víctimas de violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario, adoptado por la Organización de Naciones Unidas en 2005.  Los principios claramente establecen el derecho de las víctimas de obtener reparación, incluso económica, cuando así lo demande la naturaleza de la violación de derechos.

A Ingrid Betancourt le fueron conculcados varios derechos civiles y políticos contenidos en El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, destacando entre ellos el derecho a su integridad, a la libre expresión, a la libre locomoción. Además le fue conculcado su derecho a la salud y muchos otros más consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ingrid Betancourt no solo tenía el derecho de iniciar una demanda por reparación, sino -a mi criterio- la obligación moral de hacerlo para fijar un precedente inequívoco que el Estado es finalmente responsable de garantizar que este tipo de violaciones jamás vuelvan a ocurrir.  Espero que Ingrid Betancourt reflexione sobre su decisión de retirar la demanda y reinicie el proceso para sentar un precedente que devuelva algún grado de dignidad a quienes son privados de libertad en un enfrentamiento fratricida en el que pareciera no haber interés de  las partes de ponerle fin. En todo caso, y para evitar que se le acuse de mercader del dolor (lo cual me parece no sólo ridículo sino altamente degradante para la dignidad de alguien que tuvo que soportar todo lo que ella hizo) podría donar la compensación económica a una organización humanitaria o de defensa de los derechos humanos en Colombia que ayude a otros y otras a no pasar por el calvario que ella ha vivido. Mi solidaridad es con ella y no con aquellos que ciegamente critican, conculcando con ello su derecho a la reparación