El milagro de los 33

Y sucedió el milagro: luego de 17 días atrapados bajo una montaña del desierto de Atacama, setecientos metros bajo la superficie, 33 mineros chilenos están con vida. Parece ser que la experiencia de uno de ellos, el hecho que pudieron improvisar y que contaron con los elementos necesarios, les ha permitido sobrevivir uno de los peores desastres mineros de la historia reciente de Chile. Desde que se dio la noticia del desastre, he seguido con mucho detenimiento los sucesos, por dos razones fundamentales: por un lado porque le tengo un inmenso cariño y admiración al pueblo chileno y por el otro, porque sigo convencido que no importa por donde se vea, el negocio de la minería es siempre un mal negocio. Y sí, conozco los argumentos en favor de la minería, como decir que es generadora de empleo o que es necesaria por la dependencia que el ser humano tiene de ciertos minerales. Pero aún así, pienso que es un mal negocio.

Pero volviendo al caso chileno, creo que lo sucedido el domingo 22 de agosto, merece ser celebrado. Es uno de esos casos raros donde el espíritu humano se impone a las peores de las adversidades y donde se demuestra que la solidaridad humana es capaz de superar la más difícil de las pruebas a que pueda ser sometida una persona. Las familias decidieron mantener vigilia, y con ello, sin proponérselo, generaron presión al gobierno chileno que, pese a no ser de mis simpatías, debe reconocerse que ha sabido liderar la crisis, y sacar provecho de ello. Por lo menos el ministro de minería de ese país, Laurence Golborne ha estado acompañando el proceso todo el tiempo, tan cercanamente que fue él quien primero recibió la noticia de que los mineros se encontraban vivos. Ha demostrado, en ese sentido, ser un ministro diferente. Los familiares han tenido sus desacuerdos con Golborne, pero al final le han agradecido su compromiso con los mineros. Pero también debe asumir su responsabilidad en los sucesos.

Golborne sabe que el Gobierno chileno tiene una gran responsabilidad en la tragedia: según lo manifestado por Javier Castillo, Secretario General del Sindicato de la Mina San José, ellos habían sostenido una reunión con el ministro Golborne, el primero de julio. Según sus palabras “conversamos con el ministro de Minería, quien plantea que su función es generar empleo, generar trabajo (...) Y nosotros dijimos 'generar trabajo bajo qué costo'". En esa reunión, el Sindicato le hizo ver al ministro que las minas operadas por la Minera San Esteban eran peligrosas. Según Castillo, la mina San José ya se ha llevado a tres trabajadores y hace poco dejó a uno sin una pierna. Afirma también que la Minera San Esteban tiene un costo de 3 muertos, Minera Carola tiene 3 muertos más, Punta El Cobre también es una minera de mediana minería que está produciendo muertos constantemente. Sus palabras al ministro fueron categóricas: “Entonces ese es el costo de producir empleo. Tiene que darle una vuelta, tiene que revisarlo".

La realidad de las cosas, entonces, es que la tragedia pudo evitarse. Según el secretario del sindicato de trabajadores del yacimiento San José, desde 2003 los empleados han denunciado las peligrosas condiciones de trabajo en el yacimiento, que por una nueva forma de producción habrían debilitado las paredes del cerro. Y al no ser escuchados, el derrumbe se produjo dejando atrapados a 33 mineros, que hoy están a la espera de una larga jornada para lograr salir de las entrañas de la montaña.

En Chile, el suceso ha servido para poner sobre la mesa un debate que hace tiempo debió haber sido contemplado: cómo hacer para producir en condiciones de dignidad y seguridad laboral. Y como lo manifestó la Senadora Isabel Allende, este es un debate que debe abarcar todos los ámbitos laborales del país, puesto que la legislación laboral no es la adecuada, y menos adecuados son los controles que el Estado tiene para verificar la seguridad laboral en las empresas.
El mal no solo es del gobierno chileno: América Latina en su conjunto enfrenta ese reto de anteponer la seguridad y la dignidad laboral sobre los intereses mezquinos, egoístas y acaparadores de las empresas que ven a la clase trabajadora como ciudadanos de segunda clase o como herramientas de producción fácilmente desechables. Y ya no pueden los gobiernos priorizar la generación de empleo sin asegurarse que sea en condiciones adecuadas para los trabajadores y las trabajadoras. Es hora que las políticas neoliberales, que aseguraban que el mercado se regula a si mismo, sean desechadas. El Estado tiene ese rol regulador y cualquier intento por restarle capacidad de hacerlo debe ser visto como un intento de los grandes capitales de seguir la bonanza que solo a sus propietarios alcanza, mientras los y las trabajadoras sufren las más nefastas consecuencias. Y si no, vean ustedes las declaraciones de los dueños de la mina:

Alejandro Bohn, uno de los dueños de la mina San José, ha reconocido que los 33 trabajadores atrapados desde hace 18 días por el derrumbe de la explotación no cuentan con un seguro médico que les proporcione cobertura para este tipo de incidentes, al tiempo que aclaró que será "difícil" pagarles sus sueldos debido a que los trabajos están paralizados. Los dueños del yacimiento dejaron sin póliza a sus trabajadores después de un "prolongado cierre" de la mina de cobre y oro que provocó un importante "deterioro económico", del cual no han podido recuperarse. No obstante, aclaró que en estos casos la "cobertura de los seguros es bastante baja". Ante esta situación, se contemplan varias opciones para resarcir a las víctimas, como el posible pago de indemnizaciones, pero tanto las autoridades como los propietarios de la mina San José -que quedará inactiva hasta nuevo aviso- están "enfocados a rescatar a los trabajadores".

"Todo depende de lo que logremos hablar con las autoridades. La nuestra es una compañía minera pequeña, mediana, cuyo único yacimiento en explotación era la mina San José", dijo Bohn en declaraciones a una radio chilena. Bohn reconoció que por el momento es "difícil" cumplir con los salarios tanto de los operarios atrapados como de sus colegas. "Es difícil pensar que uno pueda proyectar a largo plazo, o mediano plazo, una empresa cuyo principal y único yacimiento está detenido", lamentó. Aunque la compañía cuenta con otros yacimientos mineros que podrían explotarse, Bohn destacó que para ponerlos en marcha se requiere de una "inversión inicial". Y con ello se lava las manos, cual Poncio Pilatos.

La tragedia de la mina de cobre y oro San José es una experiencia que expone la debilidad de los poderes regulatorios del Estado y la declinación de la efectividad de los mecanismos tradicionales de probidad gubernamental. Ha quedado en evidencia la debilidad del poder y dominio del estado como resultado de las privatizaciones, la desregulación y la delegación de funciones gubernativas a los servicios privados.

El nuevo orden mundial de la globalización, hace caminar por dos vías paralelas y desconectadas entre sí, los flujos de capitales y los esfuerzos por uniformizar marcos jurídicos que hagan respetar los Derechos Humanos en el sentido amplio. Lo que evidencia es un sector privado fragmentado y desregulado y un Estado desprovisto del marco legal y financiero que impida y aborde estas catástrofes. Es tal la avalancha por globalizar la economía y que se consolide un mercado planetario único, que las posibilidades de uniformidad de respeto por los derechos humanos, se ven disminuidas.

Creo que el Gobierno Chileno puede sentar un precedente importante en establecer la preeminencia de los derechos laborales sobre las ganancias de empresarios. Las responsabilidades penales y civiles de los dueños de la minera deben llevarse hasta las últimas consecuencias y creo que la posición de la senadora Allende, de hacerles pagar hasta el último centavo de la misión de rescate, es más que correcta. Y el congreso y el Senado tienen también una responsabilidad histórica: la legislación laboral debe ser una, que ante todo, reconozca la dignidad humana como un derecho inalienable y debe anteponer, ante todo la seguridad de los y las trabajadoras por encima de las ganancias de una empresa. De verdad espero que lo sucedido a estos 33 mineros sirva para transformar a Chile en una nación que sirva de modelo a otras del continente sobre como legislar a favor de la clase trabajadora y de cómo sancionar, con el peso justo de la ley a quienes dan al dinero más valor que a la vida misma.