El tridente perverso

Movido por una columna publicada en uno de los medios de comunicación, y titulado ¿Es Guatemala el primer narco-estado de América Latina?, me di a la tarea de investigar un poco el tema, y conseguí un informe, en inglés, titulado “Crimen, Violencia y la Crisis en Guatemala: un estudio de caso sobre la erosión del Estado” de Hal Brands, un especialista de defensa vinculado al Instituto de Estudios Estratégicos del Pentágono (sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos), así como otro publicado por el Grupo Internacional de Crisis, una organización no gubernamental actualmente dirigida por Francis Arbour, ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado “Guatemala: Estrujada entre el crimen y la impunidad”. Ambos informes claramente ilustran el problema de Guatemala en relación a la violencia, el crimen organizado y la impunidad en el país.

El informe de Brands, experto en temas latino americanos y de seguridad, hace un recuento de los daños que la presencia del narcotráfico ha causado en Guatemala, pero lo hace de una manera por demás interesante: por un lado comienza advirtiendo que América Latina es un territorio bajo ataque, cuya amenaza viene de la delincuencia y el crimen organizado, de las pandillas juveniles y fundamentalmente, de los carteles internacionales de la droga. Hace aseveraciones tan serias y graves, como por ejemplo, que tanto en las favelas de Brasil, como en las ciudades del norte de México, el Estado Formal ha colapsado, y el poder real recae ahora en el cartel o en las bandas de crimen organizado predominantes en esa zona, y no en las autoridades. La toma del hotel Intercontinental en Río de Janeiro, o la matanza de indocumentados en Tamaulipas son dos ejemplos muy recientes de lo que el autor refiere.

Por otro lado, el autor advierte que Estados Unidos ha centrado toda su atención en la narco violencia de México, descuidando lo que a su juicio es una situación aun peor: la rampante e indetenible violencia que afecta al país al sur de México: Guatemala, que en palabras del autor es “un Estado siempre débil, con una sociedad fragmentada, que está ahora ante los embates de un tridente perverso de organizaciones criminales: los carteles mexicanos de la droga, fundamentalmente el cartel de Sinaloa y los Zeta; los poderes ocultos integrados por guatemaltecos corruptos y estratégicamente ubicados, pandillas transnacionales como la mara salvatrucha o la mara 18”.

El informe continúa señalando que la credibilidad del Estado decae día a día y que en la actualidad el crimen organizado controla ya el 40% del territorio nacional, sin mencionar que “grupos criminales han colonizado sectores del gobierno y volteado el Estado para que funcione para sus propios intereses”. La conclusión primaria a la que el autor llega, ilustra perfectamente, el riesgo de lo que se viene: A menos que el gobierno y sus aliados internacionales, incluido los Estados Unidos, apoyen a redirigir las prioridades del Estado, y a iniciar la titánica tarea de corregir las causas estructurales de las deficiencias institucionales, la región se verá conformada con un Estado sin ley ni orden, un narco-estado en la parte norte del istmo centroamericano. Y el autor es claro en señalar que la crisis actual se sustenta y sostiene en los mismos factores estructurales que llevaron al país a vivir una guerra civil de 36 años: un Estado débil y la exclusión socio-económica de las grandes mayorías de la población.

Tanto el informe de Brands como el informe del Grupo Internacional de Crisis, señalan que el narcotráfico comienza a insertarse en Guatemala en la década de 1980, cuando el país estaba en manos y control militares. Ambos informes señalan dos factores como la principal causa para que el narcotráfico llegara a Guatemala: por un lado, la lucha de los Estados Unidos por cerrar las rutas de narcoactividad en el Caribe obligaron a los carteles colombianos a buscar rutas alternas y encontraron en Guatemala, un país casi a la mitad de camino entre Estados Unidos y Colombia, con costas tanto en el pacífico como en el atlántico, con una frontera desprotegida con México, y cuyo terreno agreste y poco vigilado ofrecía protección adicional, la ruta perfecta para introducir la droga en el principal país consumidor: los Estados Unidos. Por el otro, encontraron anuencia y cooperación en oficiales del ejército fácilmente corruptibles, ávidos de poder y dinero y con el control territorial que los carteles necesitaban. Y así, los carteles del sur comenzaron a utilizar Guatemala no solo como la principal ruta de paso, sino también como su gran bodega para la droga.

Con la llegada de los gobiernos civiles, encontraron en políticos, empresarios inescrupulosos y pequeños caciques locales nuevos asociados que les permitían no solo utilizar sus propiedades, sino les proporcionaban la mano de obra necesaria para trasladar y proteger sus cargamentos. Cuando el gobierno colombiano, apoyado por Estados Unidos lanza su ofensiva contra los carteles de Cali y Medellin y logran debilitarlos, los carteles del norte, especialmente el de Sinaloa, se mueven para controlar el paso de droga por Centro América y Guatemala, especialmente, se convierte en el corazón de sus operaciones. Y controlaron el negocio hasta que el grupo de los Zetas comienza a disputarles territorio y rutas, en 2005, desatando, desde entonces, una cruenta guerra entre ambos carteles que ha cobrado, porcentualmente, la vida de más guatemaltecos por año, que los que murieron en el enfrentamiento armado interno.

Y el informe claramente establece los vínculos entre los carteles de la droga y los poderes ocultos que surgen en Guatemala precisamente como parte de la campaña contrainsurgente del ejército en la década de los 80. Según el informe. “las organizaciones de tráfico de droga cooperan y compiten con las organizaciones nacionales de crimen organizado, también conocidos como los poderes ocultos. Estos grupos están profundamente enraizados en el sistema político guatemalteco y son redes conformadas por individuos poderosos que utilizan sus contactos y su posición de poder tanto en el sector público como en el privado, no sólo para enriquecerse, sino para protegerse de la justicia. Estos grupos están conformados por empresarios, militares en activo o retirados, políticos, servidores públicos y oficiales de los cuerpos de seguridad y defensa”. Y el informe deja, entonces, otra conclusión preocupante: tanto las organizaciones de tráfico de drogas, como los poderes ocultos, comparten un interés en común: mantener un Estado debilitado que les permita actuar con total impunidad y controlarlo a través de la corrupción del sistema político.

En términos del tercer diente del tridente perverso, el informe de Brands, menciona que las pandillas o maras son consecuencia de las políticas de deportación impulsadas por los Estados Unidos que permitió la llegada de pandilleros curtidos y formados en las calles de los Ángeles y otros lugares de California y que vieron en las condiciones de pobreza y exclusión de los países de Centro América, principalmente El Salvador y Guatemala, como caldo de cultivo para su crecimiento y desarrollo. Inicialmente dedicadas a las pequeñas extorciones, la menudeo de las drogas y a otros delitos menores, las maras han evolucionado hasta convertirse en complejas organizaciones del crimen organizado, dedicadas al tráfico y trasiego de amas, al tráfico y trata de personas y al sicariato, sicariato que es aprovechado por los carteles de la droga y los poderes ocultos para asesinar a quienes se niegan a corromperse o quienes dejan de serles útiles. El informe señala que estos tres grupos por ratos colaboran entre ellos y por ratos libran cruentas batallas por control de territorio y por control de la droga.

Como conclusión y frente a los retos que enfrenta Guatemala, el autor señala: “El primer imperativo para hacer frente a la delincuencia organizada en Guatemala es entender la profundidad y la complejidad del problema. La crisis actual se manifiesta en las acciones de organizaciones criminales despiadadas, fuertemente armadas y bien financiadas, y enfrentarlas requiere de acciones decididas y de largo aliento, ya que tienen su origen en una serie de factores estructurales. La falta de salidas sociales constructivas a los conflictos y la ausencia de oportunidades económicas, más el incremento en la demanda y consumo de drogas en los Estados Unidos y otros países de destino (y, más recientemente, en Guatemala), más la corrupción oficial y la debilidad de la instituciones del Estado guatemalteco, debilidad que siempre ha incentivado actividades delictivas, hacen de este desafío una tarea excepcionalmente difícil”.

“Si esto suena como una tarea de enormes proporciones, lo es. Para enfrentar el crimen organizado y trabajar en la creación de un Estado eficiente, transparente y libre de los tentáculos del crimen organizado se requiere de un compromiso sin precedentes de los guatemaltecos de todas las tendencias. Las élites económicas tendrán que pagar más impuestos y aceptar un mayor grado de desarrollo económico, que implica aceptar la necesidad de lograr una mayor redistribución de la riqueza. La clase política tendrá que enfrentar la corrupción y tomar en serio las cuestiones sociales, y el resto de la población tendrá que superar el cinismo reinante acerca de los motivos del gobierno y sus capacidades. En consecuencia, un prerrequisito central de la mencionada estrategia será el establecimiento de una especie de pacto nacional entre los guatemaltecos que incluya al gobierno, la clase política y la sociedad civil. Hasta ahora, el consenso ha sido difícil de alcanzar. El empresariado tradicionalmente se han resistido a pagar más impuestos a un corrupto gobierno, los corruptos han mostrado poco interés en exponer sus propias transgresiones, y el sistema político sigue polarizado y fragmentado.”

Menudo reto el que como país tenemos. Creo que va siendo hora de sentarnos como ciudadanos y ciudadanas a pensar si queremos eso: ser rehenes de un narco-estado o si cada una de nosotras, si cada uno de nosotros está dispuesto a entrarle al rescate institucional de Guatemala. Estamos en los umbrales de un nuevo proceso electoral. La reciente historia nos ha demostrado que no importa quien llegue al poder formal, al final de cuentas o es coptado o es cercado por el tridente perverso. Los partidos políticos, aunque lo nieguen, financian sus campañas con dinero sucio proveniente del crimen organizado y de los poderes ocultos y ponen,  por lo tanto, su capacidad de gobernar adecuadamente en entredicho. La población ejerce su derecho al voto sin una conciencia crítica, sin análisis y sin mayores compromisos para producir un cambio real y permanente. La élite económica solo busca sacarle provecho al proceso electoral condicionando candidaturas y apoyo a cambio de mantener sus privilegios. Así, dificilmente saldremos de esto.

Creo que debemos sentarnos como sociedad, primero a discutir y aceptar el problema que hoy enfrentamos, y luego a buscar soluciones sin falsos nacionalismos y sin egoísmos. Creo que sacar a Guatemala del profundo agujero en que se encuentra requiere aceptar que somos un Estado Fallido, que necesitamos la mano de la comunidad internacional y que solos, de esta si no salimos. Yo me apunto a ese debate, espero que ustedes también.