Era sólo cuestión de tiempo: la inhabilidad del Gobierno de los Estados Unidos de detener la xenofobia desatada por los conservadores (racistas de tradición, estúpidos por vocación) ha desatado una serie de iniciativas violatorias a los derechos de los migrantes y violatorias a los derechos humanos que alcanza ahora al Estado de la Florida, un Estado cuya economía se mueve al son de la migración histórica de cubanos, colombianos, venezolanos y centroamericanos. La primera vez que visité el Estado de Florida, hace ya más de veinte años, me recuerdo que me llamó la atención encontrar letreros en muchos negocios que decía "English Spoken" (se habla inglés) en clara referencia al idioma mayoritario del Estado, que es y seguirá siendo, el castellano.
Pero la semana pasada, William McCollum, el actual Procurador General del Estado y candidato a Gobernador por el Partido Republicano, tuvo la "brillante idea" de proponer para el Estado de Florida, cuya economía ha sido construida con el esfuerzo de miles de migrantes, muchos de ellos llegados en condiciones anómalas por diferentes circunstancias, una ley similar a la SB1070 de Arizona. Y cometiendo los mismos errores que se cometieron en Arizona, el político, que supuestamente es conocedor de leyes (por algo es el Fiscal General del Estado) propone dos puntos que ya una Juez Federal, en el caso de Arizona, dejó en suspenso por ser violatorios a la Constitución de Estados Unidos: McCollum propone, entre otras cosas, requerir que todos los inmigrantes porten sus documentos o enfrenten 20 días de cárcel. También requerir la imposición de penas más severas para indocumentados que cometan los mismos crímenes que residentes legales. Ambos puntos son similares, precisamente, a los que fueron suspendidos por la Juez Federal en el caso de Arizona.
Pero la semana pasada, William McCollum, el actual Procurador General del Estado y candidato a Gobernador por el Partido Republicano, tuvo la "brillante idea" de proponer para el Estado de Florida, cuya economía ha sido construida con el esfuerzo de miles de migrantes, muchos de ellos llegados en condiciones anómalas por diferentes circunstancias, una ley similar a la SB1070 de Arizona. Y cometiendo los mismos errores que se cometieron en Arizona, el político, que supuestamente es conocedor de leyes (por algo es el Fiscal General del Estado) propone dos puntos que ya una Juez Federal, en el caso de Arizona, dejó en suspenso por ser violatorios a la Constitución de Estados Unidos: McCollum propone, entre otras cosas, requerir que todos los inmigrantes porten sus documentos o enfrenten 20 días de cárcel. También requerir la imposición de penas más severas para indocumentados que cometan los mismos crímenes que residentes legales. Ambos puntos son similares, precisamente, a los que fueron suspendidos por la Juez Federal en el caso de Arizona.
Ciertamente en un Estado donde el desempleo sobrepasa el 10 por ciento, donde se enfrenta un déficit de más de $6 mil millones, un Estado cuya capacidad de pago para el programa Medicaid tiene un déficit de $500 millones de dólares, entre otras razones porque cuenta con un sistema fiscal regresivo e injusto apañado por Jeb Bush, y un Estado que enfrenta una de las peores catástrofes ambientalistas de las últimas décadas, debe haber temas más importantes para el bien común que el de la inmigración, cuya jurisdicción después de todo está en manos del gobierno federal.
Y el problema para McCollum ahora es mayúsculo: primero, porque hizo el anuncio sin consultar con los hispanos más cercanos a su campaña política, segundo porque se olvidó que Jeb Bush ha tenido éxito en el Estado por mostrar una cara amigable a los hispanos (no le queda de otra, está casado con una mexicana) y tercero, porque él ya se había manifestado contrario a endurecer las leyes migratorias antes de verse presionado por su contrincante en las primarias, el multimillonario abogado conservador Richard Scott.
Parece ser que a McCollum se le olvidó que la idea de las elecciones primarias en Estados Unidos es darle a los electores la oportunidad de elegir entre dos opciones diferentes, y no entre dos pensamientos iguales. Y la realidad de las cosas es que tampoco necesitaba cambiar su postura, toda vez que las encuestas lo situaban por encima de su contrincante. Si bien, hasta el momento su cambio de postura no ha significado perder el margen que le lleva a su oponente, si le ha significado perder el apoyo de quienes hasta antes de eso apostaban por su candidatura. Muchos latinos (hispanos como nos llaman allá) que lo apoyaban, ahora tienen serias dudas de su compromiso con la justicia, con la constitución y con sus propios principios. En esencia, hay muchas lecturas del anuncio de McCollum: unos le acusan de demagogo, otros tantos consideran que es señal de desesperación.
Parece ser que a McCollum se le olvidó que la idea de las elecciones primarias en Estados Unidos es darle a los electores la oportunidad de elegir entre dos opciones diferentes, y no entre dos pensamientos iguales. Y la realidad de las cosas es que tampoco necesitaba cambiar su postura, toda vez que las encuestas lo situaban por encima de su contrincante. Si bien, hasta el momento su cambio de postura no ha significado perder el margen que le lleva a su oponente, si le ha significado perder el apoyo de quienes hasta antes de eso apostaban por su candidatura. Muchos latinos (hispanos como nos llaman allá) que lo apoyaban, ahora tienen serias dudas de su compromiso con la justicia, con la constitución y con sus propios principios. En esencia, hay muchas lecturas del anuncio de McCollum: unos le acusan de demagogo, otros tantos consideran que es señal de desesperación.
En realidad, los desesperados y desilusionados son los defensores de los derechos de los migrantes, porque ven como, día a día, se distancia la oportunidad de promover una reforma migratoria urgente para un país que ha perdido el rumbo, comenzando por el Presidente Obama, que tanta esperanza levantó para quienes creían en la oportunidad de humanizar las leyes, después de la catástrofe que fue George W. Bush para ese país. Obama, contrario a lo ofrecido en su campaña de descriminalizar la migración y buscar una alternativa a la problemática, el 13 de agosto firmó una ley que proporciona US$ 600 millones adicionales para reforzar la seguridad en la frontera con México.
Con las elecciones legislativas de noviembre en la mira y en medio de la fallida (hasta el momento) apuesta del gobierno por concretar la dilatada reforma migratoria, la normativa pretende financiar el despliegue de 1.500 agentes adicionales en la frontera así como la compra de dos aviones no tripulados, mejorar las comunicaciones y crear bases de detención para los indocumentados. Diferentes analistas estadounidenses sostienen que los fondos para la seguridad en la larga frontera que comparten ambos países es una "maniobra politizada", en vista del endurecimiento de la retórica del Partido Republicano, que en los últimos meses ha venido reclamando un refuerzo fronterizo antes de aceptar cualquier tipo de negociación sobre una reforma migratoria
Con las elecciones legislativas de noviembre en la mira y en medio de la fallida (hasta el momento) apuesta del gobierno por concretar la dilatada reforma migratoria, la normativa pretende financiar el despliegue de 1.500 agentes adicionales en la frontera así como la compra de dos aviones no tripulados, mejorar las comunicaciones y crear bases de detención para los indocumentados. Diferentes analistas estadounidenses sostienen que los fondos para la seguridad en la larga frontera que comparten ambos países es una "maniobra politizada", en vista del endurecimiento de la retórica del Partido Republicano, que en los últimos meses ha venido reclamando un refuerzo fronterizo antes de aceptar cualquier tipo de negociación sobre una reforma migratoria
Sin importar las razones, y en ambos casos, lo que no se puede negar, es la inhabilidad del Gobierno Federal de Estados Unidos para entender y comunicar que la migración no se detendrá con el endurecimiento de leyes, sino con la promoción de países capaces de generar oportunidades para sus propios ciudadanos. Y eso pasa por entender que las políticas económicas actuales están alejadas de conseguir eso, que las reformas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional ya se hacen impostegables y que la reducción de las desigualdades sólo se logra a través de promover Estados fuertes capaces de hacer frente a los déficit de educación, salud, vivienda y generación de empleo que los países en vías de desarrollo enfrentan.
Eludir la responsabilidad histórica que Estados Unidos ha tenido en promover la desigualdad, al menos en el continente americano, en nada le beneficia. Entender que ese país debe ser parte de la solución y no del problema será el único camino que le quede para contener la inmigración y para ganarse el respeto perdido hace ya mucho tiempo ante los pueblos de América Latina.
Eludir la responsabilidad histórica que Estados Unidos ha tenido en promover la desigualdad, al menos en el continente americano, en nada le beneficia. Entender que ese país debe ser parte de la solución y no del problema será el único camino que le quede para contener la inmigración y para ganarse el respeto perdido hace ya mucho tiempo ante los pueblos de América Latina.
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