En la Recta Final de los ODM

He seguido con interés profesional (y de alguna manera personal también) el debate sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que son compromisos adquiridos por los gobiernos participantes en la Cumbre Mundial del Milenio, celebrada en la Ciudad de Nueva York, en 2000 para reducir la pobreza y desigualdad en el mundo para el año 2015. A cinco años de alcanzar las metas, y por las presentaciones y debates, se evidencia que poco se ha avanzado y mucho falta por hacer. América Latina muestra rezagos importantes y sigue constituyéndose en la región del mundo con los mayores índices de desigualdad a nivel mundial. Anualmente aumenta el número de pobres y en poco o nada disminuye la población que vive en pobreza extrema, mientras la riqueza sigue concentrandose cada vez en menos manos.

Y sigo este tema con atención, porque desde que fueron adoptados los ODM he argumentado que son los primeros indicadores para medir el cumplimiento de los Derechos Económicos Sociales y Culturales contenidos en los pactos y tratados internacionales de derechos humanos en la materia. Los gobiernos siempre han argüido que avanzar en garantizar la vigencia de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población es difícil por dos razones fundamentales: por un lado porque son avances difíciles de medir, pero por el otro porque solo pueden lograrse de manera progresiva dado que no se tienen los recursos necesarios para hacerlo de manera integral.

Bueno, los ODM atienden ambas demandas de los gobiernos: por un lado, priorizan los derechos económicos, sociales y culturales que deben atenderse y por el otro propone indicadores de medición para la progresividad de lograr dichos derechos. Pero los gobiernos ni le han prestado la atención debida, ni han hecho el esfuerzo sincero y comprometido de otorgarles la importancia o prioridad que merecen. Y a cinco años de cerrar el período para una evaluación final, los gobiernos se están quedando sin argumentos para justificar su ineficiencia en alcanzarlos y están evidenciando, una vez más, que los pobres del mundo no les interesan y no son su prioridad. Los discursos ya no alcanzan para justificar lo que solo puede catalogarse como desidia y franco desinterés por las poblaciones más excluidas, discriminadas y abandonadas del planeta.

En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, que son los siguientes: garantizar la educación primaria universal, garantizar la igualdad de género, garantizar la reducción de la mortalidad infantil y materna, prevenir el avance del VIH/SIDA y otras enfermedades infecto contagiosas y garantizar el sustento del medio ambiente para generaciones futuras, Y para asegurar un cambio hacia posturas más sociales de los mercados mundiales y organizaciones financieras se añade el Objetivo 8, ‘Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo’. En otras palabras, el objetivo promueve que el sistema comercial, de ayuda oficial y de préstamo garantice la consecución en 2015 de los primeros siete Objetivos y, en general, un mundo más justo. Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables mediante 48 indicadores concretos. Por primera vez, la agenda internacional del desarrollo pone una fecha para la consecución de acuerdos concretos y medibles. Pero los gobiernos o no han querido entender o no han tenido la voluntad política para actuar de manera consecuente para lograr su cumplimiento.

Y el caso de Guatemala es patético, porque no puede catalogarse de otra manera. El Presidente Álvaro Colom, en su intervención ante la Asamblea General, reconoce que Guatemala ha evidenciado retroceso en 5 indicadores, tres de ellos relacionados con la sostenibilidad ambiental. Y responsabiliza de eso al cambio climático, pero no hace referencia a sus políticas que promueven la expansión minera desenfrenada, concesionando playas, montañas y océanos, o a una política que recién acaba de anunciar que se licitarán nuevas áreas para explotación petrolera, muchas de ellas cercanas a las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Y mientras tanto, las tasas de desnutrición, tanto crónica como aguda, aumentan en todo el territorio nacional. La mortandad materno neo natal no se reduce al igual que la mortandad infantil y la pobreza crece y no disminuye. La ausencia de políticas y estrategias para prevenir las enfermedades infectocontagiosas, en especial el VIH/SIDA brillan por su ausencia y se mantiene una política de negación del problema, con estadísticas poco confiables y con un sistema de salud pública con ninguna preparación para el abordaje del tema. Las disparidades entre hombres y mujeres aumentan y no se ven políticas orientadas a promover equidad e igualdad de género. Desde el gobierno mismo se reproducen patrones de comportamientos culturales que asignan roles estereotipados para hombres y mujeres. Y los recursos para el desarrollo, sencillamente no llegan a los lugares donde debieran llegar,

Pero no todo es responsabilidad única del gobierno. El empresariado guatemalteco se niega a pagar más impuestos para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de Guatemala. Asumen en el país lo que Paul Krugman, economista laureado con el Premio Nobel de Economía llama “la ira de los multimillonarios”. Dice Krugman que: “La ira corre como un reguero de pólvora... Esta ira candente es, ciertamente, un fenómeno minoritario, no algo que caracterice a todos nuestros compatriotas. Pero la minoría iracunda está realmente furiosa. La forman quienes sienten que les están quitando cosas a las que tienen derecho…Me refiero a los ricos. Son épocas terribles para muchos en este país. La pobreza, sobre todo la pobreza acuciante, aumentó con el derrumbe económico; millones de personas perdieron sus hogares. Los jóvenes no encuentran trabajo; los de 50 años o más que son despedidos temen no volver a trabajar. De todos modos, si usted quiere encontrar una furia política de verdad…no la encontrará entre (los) sufrientes. La encontrará en cambio entre los muy privilegiados, gente que no tiene que preocuparse por perder su empleo, su casa o su seguro de salud, pero que está indignada, muy indignada, ante la sola idea de pagar impuestos moderadamente más altos” .

“Entre los innegablemente ricos, se ha impuesto un sentimiento beligerante de derecho: es su dinero, y tienen derecho a conservarlo. Mire, los ricos no son como usted y yo: ellos tienen más influencia. En parte, tiene que ver con los aportes de campaña, pero también con la presión social, dado que los políticos pasan mucho tiempo en contacto con la gente adinerada. O sea que cuando los ricos enfrentan la perspectiva de pagar un 3 o 4% extra de su ingreso en impuestos, los políticos sienten su dolor”.

“Y cuando termine la pelea fiscal, de una manera o de otra, puede estar seguro de que quienes actualmente defienden los ingresos de la elite volverán a exigir reducciones en la Seguridad Social y la ayuda a los desocupados. (Se) deben tomar decisiones muy difíciles, dicen; todos tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios. Pero cuando dicen “nosotros” quieren decir “ustedes”. El sacrificio es para la gente corriente”.

Si bien Krugman se refería a los ricos de Estados Unidos, bien lo pudo hacer respecto a los ricos de Guatemala, ese 20% privilegiado que según el Banco Mundial controla el 82% de los recursos productivos en el país y que, históricamente, se ha opuesto a una reforma fiscal progresiva que reduzca las inequidades y las desigualdades. Y ningún gobierno, por mucha voluntad política que tenga, puede enfrentar los Objetivos de Desarrollo del Milenio sin los recursos financieros para hacerlo. Y ese es el drama de Guatemala: entra en la recta final de medición de los compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial del Milenio sin dos de las obligadas condiciones de esta ecuación para alcanzarlas: la voluntad política para priorizarlas y la solidaridad de quienes pueden financiarlas para hacerlo. Así, en cinco años estaremos escuchando excusas, porque no son razones, de por qué Guatemala no logró, una vez más, cumplir con sus compromisos internacionales, pero más importante aún, cumplir con sus responsabilidades constitucionales, sus responsabilidades legales y sus responsabilidades morales con los más pobres, excluidos y discriminados de este país.