El diputado Mariano Rayo, del Partido Unionista de Guatemala, (heredero por derecho y de hecho de la ideología anticomunista del Movimiento de Liberación Nacional, aquel partido político que en la década de los años 70 justificó su derecho a asesinar a opositores sospechosos de ser comunistas) ha presentado una iniciativa de ley tendiente a enviar a adolescentes en conflicto con la ley penal a cuarteles militares para que reciban instrucción militar. Y la idea no es original: en Estados Unidos, desde hace muchos años existen los famosos “Boot Camps” o centros de entrenamiento militar para jóvenes en conflicto con la ley penal. Sin embargo, la iniciativa del diputado Rayo apunta a acuartelar a los y las adolescentes, y por lo tanto constituye una violación clara a la convención de los Derechos del Niño, en especial a los artículos 3, 19, 20, 25, 28 ( inciso 2), y 32 (inciso 1), entre otros. Pero fundamentalmente la propuesta de Mariano Rayo es violatoria al artículo 37 de dicha Convención. Pero dudo que el diputado Rayo haya leído, siquiera esa convención o alguna otra relativa a los Derechos Humanos.
A diferencia de lo que plantea la iniciativa de Mariano Rayo, los Boot Camps en Estados Unidos son centros de entrenamiento privados, que ofrecen el servicio como una alternativa para trabajar los problemas de comportamiento, y que se basan en la creencia que la disciplina, per se, será la solución a todos los problemas de adaptación y comportamiento de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal. Además, es una medida optativa, en la que los padres o los mismos adolescentes tienen que estar de acuerdo y que se ofrece como alternativa a la privación de libertad. No es, por lo tanto, algo que los juzgados juveniles apliquen como medida de privación de libertad, cosa que si propone la iniciativa de marras.
Pero estudios realizados por connotados Psicólogos han demostrado que, si bien la disciplina es un factor que ayuda a controlar comportamientos conflictivos, también puede ser un factor catalizador de mayores niveles de agresividad y de un desarrollo físico y emocional inadecuado cuando no se respetan los procesos de crecimiento físico y emocional de los y las adolescentes. Los Boot Camps tienden a obviar varios aspectos del desarrollo físico y emocional de los y las adolescentes, ya que sin importar la edad, el desarrollo psíquico, emocional o físico de la persona, obliga a desarrollar actividades físicas que rayan, en muchos casos en tratos crueles y degradantes. Y al no respetar las disparidades de desarrollo psicomotriz, pueden ser conducentes a futuros problemas emocionales y de salud de los y las adolescentes expuestos a ese tipo de entrenamiento.
Además, estudios y evaluaciones realizadas a lo largo y ancho de las escuelas de Boot Camp en Estados Unidos demuestran que, para que la intervención sea efectiva y de largo aliento, el entrenamiento militar por sí mismo, no es la solución ni mucho menos. Para empezar, los más exitosos programas de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal, son aquellos que priorizan la atención psicosocial del adolescente y su familia, donde existe una atención personalizada y diseñada específicamente para las necesidades individuales del o la adolescente. Es decir, son aquellos programas que han sido diseñados luego de conocer el perfil psicosocial del adolescente, de conocer los contextos en que se desarrolla y se desenvuelve, que estudian los factores de riesgo y que diseñan intervenciones específicas para atender esos factores de riesgo. Y son aquellos que reconocen la privación de libertad como el último recurso, por lo tanto son programas que se desarrollan en libertad asistida.
Pero además, los Boot Camps mejor evaluados son aquellos que, además de ofrecer la disciplina militar, ofrecen servicios de asesoría psicosocial para los y las adolescentes y sus familias. Por lo tanto no son centros de entrenamiento militar, sino centros de asistencia a adolescentes en conflicto con la ley penal, donde el entrenamiento militar es solo un componente de un programa mucho más integral. Y los más exitosos de todos, son aquellos que trabajan sobre la Resiliencia de los y las adolescentes. La resiliencia en un concepto que se define como la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido y transformado por experiencias de adversidad, y se ha demostrado que adolescentes en conflicto con la ley penal que son acompañados en procesos para trabajar su resiliencia, son quienes logran superar las condiciones adversas en que la exclusión, inequidad y ausencia del Estado los tiene sumidos, aspectos que ignora, totalmente, la iniciativa de ley que hoy menciono.
La realidad de las y los adolescentes infractores se inscribe en el escenario de la crisis económica, política y social de los países periféricos como el nuestro, cuyas consecuencias son el empobrecimiento y la marginalidad dada por la desocupación, subocupación, y el achicamiento de los presupuestos de los Estados en lo referente a las prestaciones básicas de la salud, la educación, la vivienda y las políticas sociales. Considerar las condiciones de vida implica reconocer su entrelazamiento con las formas de representación cultural: la crisis objetiva se expresa de manera subjetiva, en la llamada “crisis de los valores” que incluye a todos los sectores sociales en los que predomina la cultura del consumo y del éxito.
La pauperización económica y social incide en los modos de producción y reproducción de los distintos segmentos de la población: Las estrategias de vida de los distintos sectores sociales deben variar y adaptarse en un complejo proceso, a las nuevas determinaciones sociales. La polifuncionalidad laboral, el sobre-trabajo, el trabajo femenino (en general precarizado), el trabajo infantil, el clientelismo político y social y el delito aparecen como alternativas de resolución.
En este marco, el delito está situado en el conjunto de relaciones sociales que le dan sentido y expresa de un modo general la pauperización de amplios sectores de la población y las distintas estrategias familiares desplegadas para afrontarlo, estrategias que en la mayoría de las situaciones son de sobrevivencia. Pero, aunque el delito expresa una realidad social de desigualdad más que una realidad familiar de inadaptación, es esta última definición, la que la opinión pública adopta, influenciada por los medios de comunicación y motivada por algunos sectores políticos. Por otro lado, el delito, la violencia, etc. son asociadas sin más a la juventud y a la adolescencia., sin relacionarlas jamás con el abandono del Estado. De esta manera en el contexto de crisis, una vía política para neutralizar y canalizar los descontentos sociales, -descontentos que en nuestro país tuvo expresiones claras de movilización y protesta social- es el de la “moralización” de la cuestión social.
Asimismo es necesario reconocer que “no se nace infractor, sino niño o niña”, y ello implica pensar al delito también desde las perspectivas social y psicológica. En este sentido, cabe resaltar la importancia del trabajo con adolescentes infractores y ello conlleva que los y las adolescentes, lejos de manifestar solo “problemáticas internas o familiares”, expresan el lugar que socialmente se le brinda a los jóvenes: “un no lugar” porque no están destinados al reparto de bienes materiales y simbólicos a la vez que se les estimula para que consuman. Paradoja de nuestra sociedad: mientras se les niega la oportunidad de desarrollo, se invita a poseer bienes materiales, ergo, a encontrar las formas, generalmente ilícitas, para hacerse de ellas. Asistir a adolescentes infractores remite a pensar también en un sujeto, que ha sido previamente vulnerabilizado por las instituciones del Estado y al cuál se le violan día a día sus derechos humanos, o como argumenta el psicólogo argentino Alfredo Grande pensar en que “(…) estamos ante una subjetividad violada por aquellos que debieron contribuir a repararla”. Esta contradicción plantea a quienes trabajan en instituciones estatales la necesidad de tomar un posicionamiento ético-político de revisión de prácticas y discursos para recuperar los derechos vulnerados, y no asumir posiciones militaristas y antidemocráticas (ante fenómenos cuya consecuencia radica en las fallas mismas del Estado), como lo hace Mariano Rayo con esa iniciativa de ley.
Detrás de la violencia relacionada con adolescentes y jóvenes, se esconden diversos factores asociados. Desentrañar cuales son los más importantes en términos explicativos no resulta sencillo, sobre todo porque resulta muy difícil aislarlos para medir sus impactos directos, separándolos de otros impactos provocados por otros factores. Pero al mismo tiempo, dicha tarea se torna prioritaria, si lo que se pretende es contar con esquemas interpretativos potentes, que sirvan de base para realizar diagnósticos rigurosos y por esta vía estar en las mejores condiciones al momento de diseñar respuestas alternativas.
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS (2003) realiza en este sentido una rigurosa sistematización de enfoques y perspectivas, ofreciendo un modelo de interpretación –desde la lógica de la salud pública- que resulta sumamente útil a los efectos de identificar factores asociados y explicativos acerca de estas dinámicas. “Ningún factor por sí solo explica por qué algunos individuos tienen comportamientos violentos hacia otros o por qué la violencia es más prevalente en algunas comunidades que en otras. La violencia –enfatiza la OMS- es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales”.
Las realidades propias de la mayor parte de la región centroamericana, aluden a la determinante incidencia de los procesos de guerra y paz, a las deportaciones y sobre todo, a la falta de oportunidades, en las dinámicas más específicamente vinculadas con la violencia relacionada con jóvenes. En este caso, estamos ante sociedades altamente desiguales, con rasgos marcadamente autoritarios en sus dinámicas básicas, y en cuyo marco –durante décadas- se enfrentaron sectores sociales y políticos de diverso signo, como parte de la dinámica de los procesos de distribución y control del poder.
Más allá de las diferencias entre procesos específicamente nacionales (sobre todo en lo que atañe a las diversas formas de procesamiento de los acuerdos de paz a comienzos de los años noventa) estamos hablando de agudos e históricos procesos de exclusión social, económica y política de amplios sectores de la sociedad, compuestos en gran medida por poblaciones indígenas que viven en condiciones de gran vulnerabilidad. Por ello, estamos ante la existencia de grandes contingentes poblacionales que cuentan poco y nada en términos de “consumo potencial” (dados sus escasos niveles de ahorro e ingreso) y que tampoco cuentan con una clara asunción de sus derechos ciudadanos (dados los históricos y estructurales procesos de exclusión).
Lo que Mariano Rayo necesita entender es que la violencia relacionada con jóvenes guarda estrecha relación –sobre todo- con las dinámicas perversas del post-conflicto. Así, con la desmovilización de los ejércitos regulares e irregulares en cada contexto nacional en particular, se generan grandes contingentes de jóvenes que lo único que saben hacer es manejar un arma letal, sumado a las deportaciones masivas impulsadas desde los Estados Unidos de jóvenes y adolescentes y al no lograrse su incorporación al sistema educativo y al mercado de trabajo (dadas las limitaciones del propio modelo de desarrollo y la ausencia de seguros sociales) éstos pasan a formar parte de otros mecanismos para viabilizar la generación de ingreso propios, ligados a diversas formas de delito y violencia, entre las que se destacan la formación de pandillas juveniles (maras) que brindan espacios de contención y de mutuo apoyo a sus miembros, en el marco de la aguda exclusión social que sufren a todos los niveles. Y este es el problema que hay que abordar, y es un problema que la militarización y las leyes antimaras no van a resolver.
Bien haría el diputado Rayo en ilustrarse un poco en la materia antes de impulsar iniciativas de ley como la que presentó, con bombos y platillos, al pleno del Congreso de la República. Espero que en el Congreso se encuentre al menos un diputado o diputada que analice la iniciativa de ley de cara a los derechos inalienables de los y las adolescentes, que pueda llamar al Pleno del Congreso a la reflexión y que en última instancia, solicite la intervención de la Corte de Constitucionalidad para evitar que Guatemala retroceda en materia de garantizar, promover y respetar los derechos humanos de los y las adolescentes, incluso, y por sobre todo, de aquellos en conflicto con la ley penal. Ya el Estado les falló una vez, no dejemos que le falle dos veces.
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